Pagar 3.000 euros por fumarse un cigarro antes de entrar a trabajar en el bar o 6.000 por unas gotas de la masa del pan en el lavabo de la panadería supone el cierre para muchas de las pequeñas empresas que sufren la actual crisis. Algunos de los requisitos que Sanidad les exige son tan difíciles de afrontar para los comerciantes más modestos que su única opción es la clausura del negocio.
Empresarios de la localidad de Cártama han manifestado su malestar por la severidad de las inspecciones del Distrito Sanitario del Guadalhorce, que se ubica en la localidad. «Parece que no hay otro sitio, ya sabemos que hay que cumplir con la ley pero tampoco pueden ser tan escrupulosos en tiempos como estos», reconoce el presidente de la Asociación de Empresarios del Guadalhorce, Guadalpyme, Pablo Cabrera.
Una protesta que reiteran los propios comerciantes, especialmente los relacionados con al sector de la alimentación como panaderías, carnicerías, congelados o bares. «Tenemos que tener apuntado en un libro las veces que limpiamos y con qué productos lo hacemos y cuando vienen, que es cada dos por tres, si no lo tenemos, nos multan», lamenta una de las comerciantes de la avenida Manuel de Falla de la Estación de Cártama.
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