Los munícipes sostienen que una amplia mayoría de los 1.203 ediles de la provincia carecen de una retribución económica fija
Fran Extremera / José Luis Jiménez / Carmen Romera La eliminación en los salones plenarios de la provincia de Málaga de unos 400 concejales no va a ser, a juicio de alcaldes y ediles, una medida que pueda contribuir significativamente a mejorar las arcas municipales o del Estado en su conjunto en un futuro. De hecho, los munícipes recordaron a este periódico que la mayoría de los concejales no tienen una asignación económica que responda al servicio público que se presta a la ciudadanía que los ha elegido.
Málaga está previsto
que pase de tener 1.203 ediles a unos 800. Ayer, no fueron pocos los
responsables municipales del PP, que justo como el alcalde de la capital
y senador por esta formación desde este año, Francisco de la Torre,
remarcaron que la medida no va a generar un ahorro significativo en las
arcas de las administraciones locales y, por extensión, en el Estado
español.
Fue especialmente crítico con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el mijeño Ángel Nozal: «Si prescindimos de diputados y cámaras como el Senado, seguro que sí que ahorramos más». Y es que el debate que existe en la calle va más allá de los gastos, «generalmente mínimos o simbólicos, como compensación por asistencia a plenos o a comisiones». En términos parecidos a los de Nozal se expresó la alcaldesa fuengiroleña y parlamentaria por este mismo partido, Esperanza Oña. Sostiene que esta medida de implantación nacional debe «complementarse» con un recorte, «no menos necesario, en el número de diputados».
El concejal de Hacienda de Vélez Málaga, Manuel Gutiérrez (PP), agregó que los recortes deben llegar a todos los estamentos «de la misma manera que incluso se van a suprimir las mancomunidades». Sin salir de la Axarquía, el alcalde torroxeño y vocal del PSOE en la Mancomunidad oriental, Francisco Muñoz, agregó que el PP con esta medida «pretende adelgazar la representación popular para manejar el poder de manera centralizada y así aumentar la discriminación entre comunidades autónomas, permitiendo imposiciones de Cataluña para aumentar las diferencias entre territorios».
Y la exintegrante del equipo de gobierno en la Mancomunidad occidental y concejala de Participación Ciudadana de Istán, Ana Merchán (IU), subrayó que se trata de un «recorte a la democracia». En su caso, como en el de la mayoría de los concejales, «no se cobra nada por la función pública que se desempeña al servicio de la ciudadanía». Y agregó que aunque está al frente de un buen número de delegaciones y forma parte del equipo de gobierno «ni siquiera cobra las dietas».
Otro aspecto destacado por muchos de los munícipes consultados por este periódico es la eliminación de muchos sueldos, entre los regidores, como consecuencia de que ocupan escaños en otras administraciones. Es el caso del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, diputado por el PP, el de su homóloga en Fuengirola y compañera de partido, Esperanza Oña, que es parlamentaria andaluza, el de Francisco Salado, regidor rinconero y diputado provincial o el de la regidora de Algarrobo, Natacha Rivas (PA), vicepresidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía.
Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), no cobra «ni una sola dieta procedente del Consistorio» a pesar de la partida presupuestaria reservada» para el cargo, que asciende a 80.956 euros anuales. En su caso alega que la situación es muy delicada en las arcas públicas de su consistorio y que ha querido dar ejemplo. «Es un tema personal y lo hago con mucho gusto». El Ayuntamiento esteponero, ante el déficit económico actual, acaba de plantear hasta un Expediente de Regulación de Empleo que va a afectar a 176 de sus 950 empleados. Sólo en salarios se invierte el 94% del presupuesto municipal.
En el listado de nóminas de alcaldes por tamaño de los municipios, la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, percibe 55.000 euros brutos anuales, y su compañero de partido en el PP y alcalde veleño, Francisco Delgado, recibe 36.000 euros. El munícipe mijeño, Ángel Nozal, tiene asignados 63.704,2 euros; su homólogo en Coín, Fernando Fernández, 55.000 euros; Manuel Barón, en Antequera, 49.000; o Juan Martín Serón, en Alhaurín el Grande, 54.000 euros.
ENLACE LA OPINIÓN DE MALAGA
COMENTARIO PUBLICADO EN LA OPINIÓN DE MÁLAGA
Fue especialmente crítico con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el mijeño Ángel Nozal: «Si prescindimos de diputados y cámaras como el Senado, seguro que sí que ahorramos más». Y es que el debate que existe en la calle va más allá de los gastos, «generalmente mínimos o simbólicos, como compensación por asistencia a plenos o a comisiones». En términos parecidos a los de Nozal se expresó la alcaldesa fuengiroleña y parlamentaria por este mismo partido, Esperanza Oña. Sostiene que esta medida de implantación nacional debe «complementarse» con un recorte, «no menos necesario, en el número de diputados».
El concejal de Hacienda de Vélez Málaga, Manuel Gutiérrez (PP), agregó que los recortes deben llegar a todos los estamentos «de la misma manera que incluso se van a suprimir las mancomunidades». Sin salir de la Axarquía, el alcalde torroxeño y vocal del PSOE en la Mancomunidad oriental, Francisco Muñoz, agregó que el PP con esta medida «pretende adelgazar la representación popular para manejar el poder de manera centralizada y así aumentar la discriminación entre comunidades autónomas, permitiendo imposiciones de Cataluña para aumentar las diferencias entre territorios».
Y la exintegrante del equipo de gobierno en la Mancomunidad occidental y concejala de Participación Ciudadana de Istán, Ana Merchán (IU), subrayó que se trata de un «recorte a la democracia». En su caso, como en el de la mayoría de los concejales, «no se cobra nada por la función pública que se desempeña al servicio de la ciudadanía». Y agregó que aunque está al frente de un buen número de delegaciones y forma parte del equipo de gobierno «ni siquiera cobra las dietas».
Otro aspecto destacado por muchos de los munícipes consultados por este periódico es la eliminación de muchos sueldos, entre los regidores, como consecuencia de que ocupan escaños en otras administraciones. Es el caso del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, diputado por el PP, el de su homóloga en Fuengirola y compañera de partido, Esperanza Oña, que es parlamentaria andaluza, el de Francisco Salado, regidor rinconero y diputado provincial o el de la regidora de Algarrobo, Natacha Rivas (PA), vicepresidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía.
Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), no cobra «ni una sola dieta procedente del Consistorio» a pesar de la partida presupuestaria reservada» para el cargo, que asciende a 80.956 euros anuales. En su caso alega que la situación es muy delicada en las arcas públicas de su consistorio y que ha querido dar ejemplo. «Es un tema personal y lo hago con mucho gusto». El Ayuntamiento esteponero, ante el déficit económico actual, acaba de plantear hasta un Expediente de Regulación de Empleo que va a afectar a 176 de sus 950 empleados. Sólo en salarios se invierte el 94% del presupuesto municipal.
En el listado de nóminas de alcaldes por tamaño de los municipios, la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, percibe 55.000 euros brutos anuales, y su compañero de partido en el PP y alcalde veleño, Francisco Delgado, recibe 36.000 euros. El munícipe mijeño, Ángel Nozal, tiene asignados 63.704,2 euros; su homólogo en Coín, Fernando Fernández, 55.000 euros; Manuel Barón, en Antequera, 49.000; o Juan Martín Serón, en Alhaurín el Grande, 54.000 euros.
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COMENTARIO PUBLICADO EN LA OPINIÓN DE MÁLAGA
#1 - gladiador el día 13-07-2012 a las 09:26:4
Que
poca ética ciudadana tienen los alcaldes de Coin y Alhaurin el grande,
en estos tiempos de recortes tan exagerados que estamos padeciendo los
ciudadanos y estos cobran casi igual que un municipio que los triplica
en número de habitantes. Escandaloso
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