En la sesión de pleno ordinario que
se celebró ayer, la corporación municipal aprobó por unanimidad una moción
institucional en la que se insta al Gobierno Central la modificación de las
leyes que regulan los desahucios, con el fin de dar solución a este drama
social que está afectando a un gran número de personas.
“Todas las instituciones,
administraciones, colectivos y sociedad civil organizada, debemos confluir en
colaborar hasta la modificación de las leyes estatales injustas”,
manifiestan los ediles en la moción. En este sentido, recordaron las distintas
medidas que las distintas administraciones han puesto en marcha recientemente
para frenar este serio problema.
En la moción aprobada ayer se propone
la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil al objeto de que, en el caso
de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual y única propiedad
inmobiliaria, su adjudicación por parte de la entidad financiera suponga el
pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y
costas así como la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.
Igualmente, se aboga por la
paralización de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y la
conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler
social a favor del ocupante, por un importe no superior al 30% de la renta del
arrendatario. Además, se solicita la aplicación retroactiva de las anteriores
modificaciones a los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual
del deudor en que no se haya decretado la terminación de la ejecución.
Por otro lado, se apuesta por una
modificación de la legislación concursal para contemplar la reestructuración de
la deuda privada de las familias adquirida por la compra de su vivienda,
mediante una quita hipotecaria proporcional teniendo en cuenta que el valor de
la propiedad se ha visto reducido.
En este documento, la corporación
municipal quiere impulsar la puesta a disposición del parque de vivienda social
y de promoción pública de la Junta de Andalucía para las familias más
necesitadas y perjudicadas por la crisis, favoreciendo el realojo e integración
social de las mismas y reorientar la actividad de la Empresa Pública del Suelo
de Andalucía (EPSA) para dar respuesta a las familias andaluzas afectadas por
procesos de desahucio como consecuencia de la crisis.
Asimismo, se pretende impulsar las
nuevas promociones de vivienda pública directa en alquiler, con el objeto de
garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a los andaluces.
Todas estas propuestas serán
notificadas a la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, a la Consejería de Justicia e Interior y a la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la junta de Andalucía y al Gobierno de España.
Como se recordará, la corporación
cartameña aprobó el pasado mes de junio por unanimidad una moción en apoyo a la
Iniciativa Legislativa Popular de la regulación de la dación en pago, de
paralización de los desahucios y de alquiler social. En dicha moción se daba
apoyo a la recogida de firmas que hiciera posible la discusión parlamentaria de
una ley a través de la Iniciativa de legislativa Popular.