Fuente.: Revista Lugar de Encuentro.
Este miércoles se ha ejecutado la orden
de derribo de la vivienda familiar de Salvador y Rosa que está situada
en un terreno no urbanizable de la zona Puerto Gómez. La familia, ha
contado con el apoyo de la Plataforma Stop Desahucios. El maquinista
encargado de ejecutar la demolición fue sustituido por otro operario al
recibir una llamada de teléfono, momento en el que abandonó el lugar
ante los gritos y lamentos de la familia que observaba el derribo con la
impotencia de no poder hacer nada.
Cronología hechos.
Cronología hechos.
Rosa Gálvez y Salvador Rueda vivían en
Fuengirola hasta que su hija de 11 años fue víctima de abusos sexuales
por parte de un vecino. Después de dos años compartiendo el mismo
edificio con el presunto agresor, que hoy cumple condena, tuvieron que
huir por «lo insoportable» de la situación que estaban atravesando. Se
trasladaron a Alhaurín el Grande, donde se hicieron una casa en una
huerta familiar con el dinero de la venta del piso. «En ese momento no
pensamos que construir nuestra casa, en la que ya había una
construcción, nos saldría así, y nos arruinaría la vida una vez más»,
asegura Rosa Gálvez, y es que su vivienda, situada en el paraje conocido
como Puerto Gómez, era un terreno no urbanizable.
Cuando estábamos echando el tejado
comenzaron los problemas. El Seprona de la Guardia Civil nos abrió un
expediente, pero en ningún momento se paralizó la obra.
Tres años más tarde Salvador tuvo un juicio en el que se le sentenció a seis meses de prisión y al derribo de la casa irregular. El hombre pagó 2.700 euros para no entrar en la cárcel, aunque la sentencia ya era firme y, por tanto, la demolición parecía ser inminente. No obstante, la familia recurrió primero al Tribunal Constitucional y después al Supremo para pedir amparo, aunque finalmente estas administraciones desestimaron sus peticiones.
Tres años más tarde Salvador tuvo un juicio en el que se le sentenció a seis meses de prisión y al derribo de la casa irregular. El hombre pagó 2.700 euros para no entrar en la cárcel, aunque la sentencia ya era firme y, por tanto, la demolición parecía ser inminente. No obstante, la familia recurrió primero al Tribunal Constitucional y después al Supremo para pedir amparo, aunque finalmente estas administraciones desestimaron sus peticiones.
En este sentido, la mujer se pregunta
«por qué la casa es legal a la hora de pagar todo tipo de impuestos como
basura, contribución... e incluso podemos estar empadronados allí, sin
ningún problema pero tienen que tirarla.
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande retrasó dos veces demolición.
El Ayuntamiento retrasó por dos veces la
demolición de la vivienda, ordenada por el juzgado de lo pena nº 6 por
ubicarse en suelo no urbanizable Una primera vez fue por una protesta
ciudadana en la que se dieron cita más de 60 personas lo que frustró el
derribo, y en una segunda ocasión la negativa de las empresas que se
encargan de este tipo de trabajos lo que retrasó por segunda vez este
mismo año la ejecución de la sentencia, que en principio se había fijado
para el 16 de octubre.
La
Plataforma Stop Derribos, informó que ninguna de las empresas de
Alhaurín el Grande estaban interesadas en cobrar esa clase de trabajos.
El Ayuntamiento, responsable de la ejecución de la demolición por orden
judicial, comunicó esta circunstancia al Juzgado correspondiente, cuya
titular, no obstante, ordenó que se lleve a cabo la sentencia. La nueva
fecha fue este 6 de noviembre.
Al parecer, el Consistorio contactó con
tres constructoras de Alhaurín el Grande, y ninguna de ellas estaba
dispuesta a hacerse cargo de la tarea. Aunque en el día de hoy la
demolición la ha realizado una empresa con sede en el polígono
industrial de la localidad.
En noviembre de 2010, el pleno del
Ayuntamiento incluso aprobó por unanimidad una petición para que se
concediera el indulto a esta familia. Aquello solo sirvió para ganar
tiempo ya que en febrero de 2012 el Juzgado volvió a dictar la orden de
demolición, después de que el Gobierno rechazara el indulto.
En mayo de ese mismo año, el Consistorio
informó de la posibilidad de que el propietario anexionara otra finca a
su parcela, una medida que habría permitido evitar el derribo del 90%
de la construcción por cumplir con la normativa de la Junta, una
posibilidad que tampoco fue aceptada.
Ya en la protesta que tuvo lugar en
abril, y que fue secundada por la Plataforma Stop Derribos, esta familia
se quejaba de la doble vara de medir por parte de la justicia, ya que,
además de la suya, en ese paraje situado junto a la carretera que une
Alhaurín el Grande con Mijas Costa se emplazan otras muchas casas
irregulares en la misma situación.