La reducción de convenios entre el SAS y las privadas aumenta las listas de espera para las pruebas.
Especialistas confirman a La Opinión que han aumentado las reclamaciones y que los tiempos se han multiplicado
Marina Fernández
El sector de la salud está ahora, más que nunca, en tela de juicio. La
huelga de los médicos, el paro indefinido de los MIR unido a los
recortes causados por la crisis económica están motivando que aumenten
las listas de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas y,
por ende, que los pacientes comiencen a alzar la voz.
A esto hay que unir la reducción de conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las clínicas privadas, que hasta hace un año prestaba servicio a unos 61.000 malagueños cada año. El copago de servicios con centros privados es un mecanismo que el SAS tiene para atenciones, operaciones, diagnósticos y pruebas con hospitales privados, una línea estratégica que buscaba aliviar listas de espera y abaratar costes en pruebas específicas cuyos aparatos exigen un alto nivel de inversión y mantenimiento.
Por este motivo, las asociaciones de pacientes han alertado del aumento de las listas de espera en la comunidad. En concreto, el SAS no publica los tiempos medios desde hace un año, pese a que en un ejercicio de transparencia aseguró que lo haría dos veces al año.
La Consejería de Salud tiene concertados servicios diagnósticos e intervenciones quirúrgicas con un total de cuatro clínicas privadas en Málaga, según la propia página web del organismo: La Clínica La Encarnación (actual hospital CHIP), la Clínica El Pilar, San Juan de Dios y el Hospital Doctor Pascual.
Hace algo más de dos años, Salud tardó en rubricar el convenio con CHIP y El Pilar algo más de tres meses. Esto supuso que se dejaran de hacer más de 5.000 pruebas diagnósticas y alrededor de 450 intervenciones en este tiempo. Este año, la incertidumbre fue de dos meses. De marzo a mayo los dos centros estuvieron sumidos en la incertidumbre al no saber si se renovaría o no el convenio anual con el SAS. Finalmente fue así, como confirmaron a La Opinión de Málaga, aunque la cuantía y los servicios se redujeron a la mitad. Ambos centros prestan a la Junta los servicios de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y muchas de ellas se han perdido y otras reducido notablemente. Hasta junio tenían un convenio anual de 1,5 millones de euros y ahora es de 750.000. A modo de ejemplo, en el CHIP se estaban llevando a cabo unas 145 intervenciones quirúrgicas al mes y ahora es de la mitad, unas 74. En el ámbito de pruebas diagnósticas, las mamografías derivadas del sistema público han pasado de 300 al mes a la friolera de cinco. Otras pruebas, como las de tránsito intestinal, eran de unas 20 y en la actualidad no se están haciendo, al igual que la ecografía doppler, que ha pasado de cincuenta al mes a ninguna.
En cuanto a las camas hospitalarias, la también conocida como Clínica La Encarnación tenía reservada un total de veinte camas para medicina interna y ahora ya no hay ninguna para el SAS. Los recortes en estos dos hospitales están atorando las listas de espera, según los profesionales consultados del sector público.
El Hospital Pascual de Málaga también ha sufrido una disminución del concierto, un 20% en los últimos meses, aunque su cuantía económica es muy superior a la del CHIP y el Pascual y ronda los 10 millones de euros. En el caso del Centro Asistencial San Juan de Dios, sus propios responsables explicaron a este periódico que el convenio se firmó en 2011 y que tiene vigencia hasta 2014. Este dispone de 233 plazas públicas para enfermos de salud mental, todas ellas ocupadas en la actualidad.
Además, varios especialistas de distintos centros sanitarios públicos malagueños han alertado a este periódico de que ese aumento de las listas está provocando que numerosos pacientes acudan a la consulta meses después sin la prueba que el médico le había recetado. «Esto ocasiona un doble gasto, puesto que hay que volver a citarle para cuando se haya hecho la prueba diagnóstica», aseguran las fuentes. Así, pacientes prioritarios que, por ejemplo, sufren de una dolencia cardíaca, necesitan de un seguimiento de su estado de salud y las pruebas que en ocasiones les piden sus cardiólogos no llegan a sus manos hasta dos consultas después a causa de estos retrasos, lo que obliga a ver al paciente más de una vez incluso cuando no es necesario.
«He tenido casos de pacientes que van hasta tres veces y no traían su ecografía. Se les pasa la visita sin la prueba hecha», lamenta un médico a este periódico. Aún así, reconocen que el protocolo del SAS para los pacientes que acuden por primera vez sí se cumple, porque todos los médicos tienen un cupo semanal para ello. De este modo, apuntan a que los conciertos privados eran una vía de escape que compensaba los picos de demanda. «El problema de esto es que se mantenga en el tiempo. Recibimos muchas más reclamaciones», añaden.
Por ello, critican que los tiempos de espera que publica la Junta para, por ejemplo, una endoscopia digestiva, se han disparado. «Hay objetivos que no se cumplen y son imposibles. En concreto en las consultas y en las pruebas diagnósticas más convencionales».
De este modo, aseguran que antes el proceso tenía una duración de seis meses si todo iba bien entre la primera consulta, las pruebas y el diagnóstico. Estos especialistas creen que, dadas las circunstancias, el proceso puede dilatarse hasta los ocho o diez meses. «Con esto pierdes agenda y pierde la Junta, porque hay gastos innecesarios y los pacientes se quejan», dicen.
Así, reconocen que si algún paciente tiene una patología severa y se está demorando la consulta, les animan si no se encuentran bien a que acudan a urgencias. Los médicos afirman que el personal está desmotivado y agotado.
A esto hay que unir la reducción de conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las clínicas privadas, que hasta hace un año prestaba servicio a unos 61.000 malagueños cada año. El copago de servicios con centros privados es un mecanismo que el SAS tiene para atenciones, operaciones, diagnósticos y pruebas con hospitales privados, una línea estratégica que buscaba aliviar listas de espera y abaratar costes en pruebas específicas cuyos aparatos exigen un alto nivel de inversión y mantenimiento.
Por este motivo, las asociaciones de pacientes han alertado del aumento de las listas de espera en la comunidad. En concreto, el SAS no publica los tiempos medios desde hace un año, pese a que en un ejercicio de transparencia aseguró que lo haría dos veces al año.
La Consejería de Salud tiene concertados servicios diagnósticos e intervenciones quirúrgicas con un total de cuatro clínicas privadas en Málaga, según la propia página web del organismo: La Clínica La Encarnación (actual hospital CHIP), la Clínica El Pilar, San Juan de Dios y el Hospital Doctor Pascual.
Hace algo más de dos años, Salud tardó en rubricar el convenio con CHIP y El Pilar algo más de tres meses. Esto supuso que se dejaran de hacer más de 5.000 pruebas diagnósticas y alrededor de 450 intervenciones en este tiempo. Este año, la incertidumbre fue de dos meses. De marzo a mayo los dos centros estuvieron sumidos en la incertidumbre al no saber si se renovaría o no el convenio anual con el SAS. Finalmente fue así, como confirmaron a La Opinión de Málaga, aunque la cuantía y los servicios se redujeron a la mitad. Ambos centros prestan a la Junta los servicios de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y muchas de ellas se han perdido y otras reducido notablemente. Hasta junio tenían un convenio anual de 1,5 millones de euros y ahora es de 750.000. A modo de ejemplo, en el CHIP se estaban llevando a cabo unas 145 intervenciones quirúrgicas al mes y ahora es de la mitad, unas 74. En el ámbito de pruebas diagnósticas, las mamografías derivadas del sistema público han pasado de 300 al mes a la friolera de cinco. Otras pruebas, como las de tránsito intestinal, eran de unas 20 y en la actualidad no se están haciendo, al igual que la ecografía doppler, que ha pasado de cincuenta al mes a ninguna.
En cuanto a las camas hospitalarias, la también conocida como Clínica La Encarnación tenía reservada un total de veinte camas para medicina interna y ahora ya no hay ninguna para el SAS. Los recortes en estos dos hospitales están atorando las listas de espera, según los profesionales consultados del sector público.
El Hospital Pascual de Málaga también ha sufrido una disminución del concierto, un 20% en los últimos meses, aunque su cuantía económica es muy superior a la del CHIP y el Pascual y ronda los 10 millones de euros. En el caso del Centro Asistencial San Juan de Dios, sus propios responsables explicaron a este periódico que el convenio se firmó en 2011 y que tiene vigencia hasta 2014. Este dispone de 233 plazas públicas para enfermos de salud mental, todas ellas ocupadas en la actualidad.
Además, varios especialistas de distintos centros sanitarios públicos malagueños han alertado a este periódico de que ese aumento de las listas está provocando que numerosos pacientes acudan a la consulta meses después sin la prueba que el médico le había recetado. «Esto ocasiona un doble gasto, puesto que hay que volver a citarle para cuando se haya hecho la prueba diagnóstica», aseguran las fuentes. Así, pacientes prioritarios que, por ejemplo, sufren de una dolencia cardíaca, necesitan de un seguimiento de su estado de salud y las pruebas que en ocasiones les piden sus cardiólogos no llegan a sus manos hasta dos consultas después a causa de estos retrasos, lo que obliga a ver al paciente más de una vez incluso cuando no es necesario.
«He tenido casos de pacientes que van hasta tres veces y no traían su ecografía. Se les pasa la visita sin la prueba hecha», lamenta un médico a este periódico. Aún así, reconocen que el protocolo del SAS para los pacientes que acuden por primera vez sí se cumple, porque todos los médicos tienen un cupo semanal para ello. De este modo, apuntan a que los conciertos privados eran una vía de escape que compensaba los picos de demanda. «El problema de esto es que se mantenga en el tiempo. Recibimos muchas más reclamaciones», añaden.
Por ello, critican que los tiempos de espera que publica la Junta para, por ejemplo, una endoscopia digestiva, se han disparado. «Hay objetivos que no se cumplen y son imposibles. En concreto en las consultas y en las pruebas diagnósticas más convencionales».
De este modo, aseguran que antes el proceso tenía una duración de seis meses si todo iba bien entre la primera consulta, las pruebas y el diagnóstico. Estos especialistas creen que, dadas las circunstancias, el proceso puede dilatarse hasta los ocho o diez meses. «Con esto pierdes agenda y pierde la Junta, porque hay gastos innecesarios y los pacientes se quejan», dicen.
Así, reconocen que si algún paciente tiene una patología severa y se está demorando la consulta, les animan si no se encuentran bien a que acudan a urgencias. Los médicos afirman que el personal está desmotivado y agotado.
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