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Fuente.: Diario Málaga Hoy.
ALGUIEN dijo que "el trabajo pesado es, por lo general, la acumulación de tareas livianas que no se hicieron a tiempo". Algo de esto nos ocurre a los del Guadalhorce con el Chare de Cártama: vemos como se aparca su puesta en marcha, a pesar de la apremiante necesidad que tenemos de él y como la gente pierde la esperanza de verlo funcionar alguna vez. Por esto ahora, para recuperar la ilusión de 2004, cuando iniciamos la labor de reclamar un hospital comarcal, y concluir el trabajo que empezamos entonces, debemos considerar sólo formulas viables para abrir y mantener el centro sanitario, porque la larga crisis económica hace imposible la forma de gestión de alto coste que se pretendía para este servicio.
A diferencia de muchos países de nuestro entorno nuestra sanidad mantiene todavía la propiedad estatal de los medios de producción de los servicios hospitalarios púbicos que heredó del anterior régimen. Mientras la administración andaluza sigue influida por la idea de que "sólo en establecimientos estatales servidos por funcionarios pueden existir los servicios de la sanidad pública", la mayor parte de Europa busca la eficiencia de estos servicios sin importar que el prestador sea un funcionario o un particular. En Alemania, Francia, los Países Escandinavos y Reino Unido lo significativo, desde hace años, no es quien hace la provisión del servicio, sino que haya competencia y no monopolio para obtener mejores resultados, mayor conciencia del coste y más calidad. Han pasado del monopolio estatal a una gestión de competencia entre instituciones que premia el ahorro y la productividad sin mirar intereses corporativos ajenos a los generales de la sociedad, y permite comparar los proveedores para dirigir los recursos a los más eficientes, sean del Estado o de empresas civiles.
Los dirigentes de estos países no temen la competencia entre las organizaciones de titularidad privada y estatal en la gestión de servicios hospitalarios públicos; por el contrario, encuentran en ella el éxito para cumplir con el deber de satisfacer eficientemente las necesidades de sus administrados en una situación de crisis económica grave y duradera. Allí tratan de no gastar los impuestos y la deuda que emiten los gobiernos en pagar más de lo que realmente cuestan los servicios, y de conseguir más con menos, mientras en el Sur continuamos sacrificando la eficiencia del servicio a los intereses corporativos del prestador estatal, que solo produce innecesarios recortes en las prestaciones. Aquí, en el Sur, cuando se habla de modernizarse, racionalizar costes, abaratar precios y de competir para sobrevivir a la crisis o cerrar, solamente señalamos a la empresa privada, pero nunca decimos lo mismo de los servicios públicos, y mientras no suceda esto seguiremos deficitarios frente a esa otra Europa.
Para preservar el estado del bienestar, y no malgastar sus limitados recursos, necesitamos transformar la mentalidad del Sur; en nosotros tiene que pesar, que lo determinante de si un hospital es bueno o malos no es por quién ostenta la gestión, sino por la calidad del servicio y el coste. Además, los hospitales que pagamos entre todos deben someterse ineludiblemente a comparaciones de resultados y costes, y la política de implantación de servicios de alto coste debe cambiarse cuando puedan conseguirse idénticos servicios por los de coste más bajo, para no continuar provocando, en una época de restricción presupuestaria, una merma de servicios, que para muchos ciudadanos supone una seria limitación en el acceso a los mismos, que hace inviable la universalización y la equidad de la sanidad. Esto último es lo que ocurre en el Valle del Guadalhorce malagueño.
A estas alturas a nadie se le escapa la dificultad económica de la Junta para abrir y mantener el hospital de Cártama con la Empresa Pública Costa del Sol. Por esto deberíamos hacer como esos países, acudir a proveedores no estatales de servicios hospitalarios para ver si ellos son la opción menos gravosa, más eficiente y viable que puede adoptar la sanidad pública andaluza para nuestra comarca. Y en este sentido hemos conocido la propuesta de la empresa hospitalaria J.M. Pascual a la Consejería de Salud, de comprar y terminar el edificio, hacer la carretera de acceso, enganchar la electricidad, instalar el equipamiento, contratar el personal y, en pocos meses, poner gratuitamente el centro a disposición de todos los del Guadalhorce a través de un concierto, costeando, además, esta empresa la mitad del mismo los dos primeros años.
Esta propuesta, o si hubiera de otras entidades no estatales, de abrir inmediatamente nuestro hospital debería estudiarse detenidamente por la administración, porque la realidad económica, social y sanitaria de la Comarca hace imperdonables las posturas sectarias con el hospital cerrado; sobre todo sabiendo que la propuesta de la Empresa Pública Costa del Sol para gestionar el Chare nos costaría bastante más cara que la de la Sociedad Pascual, y que por ello es profundamente insolidaria con Andalucía.
