Los propietarios de las casas ilegales pagarán su regulación

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 Los procesos para legalizar las viviendas se iniciarán de oficio o presentando documentos al ayuntamiento correspondiente
Los propietarios que aspiren a regular sus viviendas en suelo no urbanizable mediante el decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta deberán hacerse cargo del pago de prácticamente todos los gastos derivados de la normalización de sus inmuebles y de las obras de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas (tanto su construcción como su posterior mantenimiento). No será un «café para todos», como ya barajaban colectivos ecologistas y diversas formaciones políticas.

El documento que permitirá la ordenación de miles de casas edificadas en el suelo no urbanizable de la Axarquía y otros enclaves de la Costa del Sol, como los municipios de Estepona, Mijas o Cártama, al igual que en comarcas que urbanísticamente se encuentran ya saturadas, como las existentes en la provincia de Almería, apenas va a legalizar un 10% del total. El Ejecutivo andaluz aclaró ayer que se «normalizará» la situación del 80%, sin llegar a legalizar ese cupo, o que incluso se cursará la demolición del 10% restante.

El texto de este decreto, al que ya ha tenido acceso La Opinión de Málaga, aclara qué tres supuestos se pueden dar ante más de 250.000 casos que podrían enumerarse en Andalucía: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos –urbanizaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos– y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, que agrupan a los inmuebles con usos y actividades vinculadas al medio rural pero que también requieren de determinados servicios públicos. Se indica que corresponderá a los ayuntamientos «el reconocimiento de la situación de asimilado de régimen de fuera de ordenación», que también se crea como nueva figura urbanística.

Pero, ¿qué pasos se deberán dar a la hora de ser beneficiario de la nueva medida de la Junta? La resolución para acceder a la regulación «debe tramitarse y resolverse sobre la legislación sobre régimen local y la de procedimiento administrativo común». Y serán los consistorios los que determinen así mismo las tasas que correspondan y los encargados de «comunicar a las personas interesadas la posibilidad de legalizar la edificación».