MÁLAGA, 23 May. (EUROPA PRESS) - ENLACE EUROPA PRESS
Según ha explicado Vázquez a Europa Press, la Junta les ha trasladado, en el encuentro celebrado entre ambas representantes la pasada semana en la capital hispalense, la necesidad de ejercer presión para que "se vea verdaderamente que hay un problema social y que a esas viviendas y a esas familias hay que darle una salida".
El objetivo de esta reunión es explicar "en Sevilla el problema real que tenemos en Málaga, familias con multas coercitivas de valor de 5.000 a 8.000 euros mensuales, impotencia de los ayuntamientos a la hora de abordar este problemas". Además, ha añadido que algunos técnicos de estas administraciones incluso desconocen el artículo 22 del decreto, en el que se recoge la problemática de estas viviendas.
La apuesta de APVI se orienta a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "porque no recoge ni resuelve la problemática real". Al parecer, esta normativa protege estas viviendas por encontrarse en una zona inundable, pero "tenemos verdaderas barriadas urbanas en suelo protegido y la demolición no es la solución; hay que darle una legalidad", ha aseverado.
También se han reunido con el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, quien, según Vázquez, se ha comprometido a "estudiar la propuesta" para evitar "demolerlo todo", así como a "sentarse con la Junta" para tratar de solucionar esta situación. En este sentido, ha expresado que desde APVI "estamos hartos de problemas políticos que no resuelven los problemas de los vecinos".
Este jueves está previsto que representantes de la Asociación de Viviendas Irregulares mantengan una reunión con el vicepresidente de la Diputación, Francisco Oblaré, para abordar esta problemática. Posteriormente, todos los colectivos que conforman APVI mantendrán un encuentro para elaborar propuestas concretas que presentar a los ayuntamientos y, entonces, "lucharemos para que este problema se resuelva".
La
Junta de Andalucía se ha comprometido con la Asociación Provincial de
Viviendas Irregulares (APVI) de Málaga a facilitar las gestiones
necesarias para que haya "un diálogo abierto" entre todos los órganos
implicados en el proceso de legalización de estos inmuebles,
concentrados principalmente en los municipios de Alhaurín de la Torre y
Cártama.
La secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Gloria Vega, le ha trasladado a la presidenta de esta asociación, María
del Mar Vázquez, el compromiso de facilitar la convocatoria de reuniones
entre ayuntamientos, la Junta y APVI con el fin de abordar "soluciones
concretas, en diseminados concretos con problemas concretos" de esta
situación.Según ha explicado Vázquez a Europa Press, la Junta les ha trasladado, en el encuentro celebrado entre ambas representantes la pasada semana en la capital hispalense, la necesidad de ejercer presión para que "se vea verdaderamente que hay un problema social y que a esas viviendas y a esas familias hay que darle una salida".
El objetivo de esta reunión es explicar "en Sevilla el problema real que tenemos en Málaga, familias con multas coercitivas de valor de 5.000 a 8.000 euros mensuales, impotencia de los ayuntamientos a la hora de abordar este problemas". Además, ha añadido que algunos técnicos de estas administraciones incluso desconocen el artículo 22 del decreto, en el que se recoge la problemática de estas viviendas.
La apuesta de APVI se orienta a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "porque no recoge ni resuelve la problemática real". Al parecer, esta normativa protege estas viviendas por encontrarse en una zona inundable, pero "tenemos verdaderas barriadas urbanas en suelo protegido y la demolición no es la solución; hay que darle una legalidad", ha aseverado.
También se han reunido con el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, quien, según Vázquez, se ha comprometido a "estudiar la propuesta" para evitar "demolerlo todo", así como a "sentarse con la Junta" para tratar de solucionar esta situación. En este sentido, ha expresado que desde APVI "estamos hartos de problemas políticos que no resuelven los problemas de los vecinos".
Este jueves está previsto que representantes de la Asociación de Viviendas Irregulares mantengan una reunión con el vicepresidente de la Diputación, Francisco Oblaré, para abordar esta problemática. Posteriormente, todos los colectivos que conforman APVI mantendrán un encuentro para elaborar propuestas concretas que presentar a los ayuntamientos y, entonces, "lucharemos para que este problema se resuelva".
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