El
17 de abril de 2008 varios empleados de Banesto se desplazaron a la
oficina de una agencia financiera de Cártama con la que tenían un
contrato para recoger documentación contable y analizar lo que allí
había ocurrido. En el pueblo los rumores apuntaban a que varios vecinos,
una decena, habían visto menguados sus depósitos. En uno de los
ordenadores encontraron una carta manuscrita en la que un agente
financiero, a la sazón director de la sucursal, reconocía que a varios
clientes «les ha sido sustraído el dinero de sus cuentas corrientes de
forma irregular».
Ahora,
el director está siendo juzgado en la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Málaga por un delito de falsedad en documento mercantil en
relación con otro continuado de apropiación indebida. En concreto, se
le piden cinco años de cárcel, una fuerte multa y que indemnice en
811.719 euros a Banesto, dado que el banco indemnizó en su día a la
decena de clientes perjudicados. El fiscal reclama además que pague
16.842 euros más 423 euros a la firma. El juicio acabará el miércoles
con los informes finales de las partes.
En
su carta, el encausado aseguraba ser «el único responsable de la
situación», tras haber estado dos años al frente de la oficina. En la
misiva, exoneraba de cualquier responsabilidad a otro agente financiero,
y a dos empleadas. «No tienen nada que ver en estas operaciones, siendo
su profesionalidad y honradez intachables», aclaraba, y aseguraba al
mismo tiempo que «ninguna de esas cantidades han sido utilizadas para mi
enriquecimiento. Ahí están las cuentas. Se han ido utilizando para
poder formalizar operaciones hipotecarias y para cubrir fuertes
descubiertos de otros clientes». También esperaba que el banco «tenga
suficiente agilidad para que el asunto no trascienda, ya que la imagen
de la firma podría resultar muy dañada».
Días
después, se comprobó que el procesado había desaparecido de su
domicilio y escrito una carta a su familia explicando los hechos.
El
fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, señala que el
acusado, antes del 9 de abril de 2008, cuando se le rescindió el
contrato, «prestaba servicios bancarios en una oficina ubicada en la
calle Juan Carlos I, de Cártama, como director de una sociedad» que a su
vez había suscrito un contrato de agente financiero con Banesto.
«Con
abuso de su posición y valiéndose de la confianza de los clientes,
desarrolló una actividad irregular con ánimo de obtener un beneficio
injusto, mediante extracciones dinerarias no consentidas y desvíos de
fondos a terceras personas», señala el acusador público.
En
concreto, insiste el fiscal, dispuso presuntamente de los fondos de
diez perjudicados, en concreto 811.719,50 euros, una suma que Banesto ya
ha devuelto a los clientes.
Los
fondos de los que se apropió presuntamente el acusado los destinó «a
múltiples intereses, siendo de destacar una serie de empresas vinculadas
a una familia, quienes con el dinero detraído recibieron financiación
del procesado, que no han devuelto por un total de mínimo 150.000
euros».
Los
dueños del grupo empresarial usaron las sumas para pagar nóminas,
seguros sociales y otras obligaciones, como reconoció el acusado, dice
el fiscal. «A este grupo se le han sellado certificaciones de pagos a la
Seguridad Social, que luego resulta no han sido pagadas, por lo que
Banesto, ante la reclamación del organismo oficial y habida cuenta de
que disponían de un sello que justificaba el pago, ha tenido que abonar
al ente público 16.842 y 423,5 euros por pago fuera de plazo», reseña el
representante de la acusación pública. Pero hay más beneficiados por
haber recibido estas cantidades, en concreto 32 vecinos de la localidad,
a quienes les llegaron sumas que van desde los 1.500 hasta 21.000
euros.
Por
ello, la Fiscalía reclama que la indemnización a Banesto la pague el
encausado, así como también deberá abonar 16.842 y 423,53 euros a la
entidad, que a su vez ésta pagó a la Seguridad Social. Con carácter
subsidiario responderán, siempre según la petición fiscal, la sociedad
que gestionaba la oficina y cada uno de los beneficiarios y el grupo
empresarial.
Hay
otra acusada, para la que se piden seis meses de prisión y dos multas.
Ésta consiguió que el acusado le facilitara una libreta del banco en la
que a mano se hizo constar un saldo en la cuenta de su padre de 35.000
euros, dice el fiscal, para ocultar las disposiciones que ella había
hecho antes. Así, denunció haber sido perjudicada e imitó la firma de su
marido en las pólizas de petición de crédito, añade la acusación
pública.
